Los grupos armados que luchan cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela han cometido graves abusos contra los residentes y han desplazado a miles de personas.
Desde mediados de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lleva a cabo una campaña para recuperar el control de extensos territorios de la región del Catatumbo. La zona es conocida como lugar de producción y tráfico de drogas.
El ELN, que durante años se ha beneficiado de la complicidad con las fuerzas de seguridad venezolanas, lucha contra otro grupo armado en Colombia llamado Frente 33. El Frente 33 surgió de la descentralización en 2017 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como uno de los muchos grupos disidentes de las FARC.
Durante años, el ELN y el Frente 33 se habían repartido el control de amplias zonas del territorio del Catatumbo en una especie de "coexistencia armada".
En enero todo esto se vino abajo con los nuevos combates, que han traído miseria y sufrimiento a los residentes locales.
Un nuevo informe de HRW detalla cómo el ELN ha asesinado, agredido, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el Frente 33.
Los testigos que entrevistamos también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, como el reclutamiento de niños y los trabajos forzados.
Los combates y los abusos cometidos por ambos bandos han obligado, según los informes, a más de 56.000 personas a huir de sus hogares. Se trata de uno de los mayores desplazamientos masivos de Colombia en décadas.
¿Dónde están las autoridades colombianas en todo esto?
Cuando estallaron los combates en enero, el gobierno colombiano suspendió las conversaciones de paz con el ELN y declaró el "estado de excepción" en la región del Catatumbo. El ejército utilizó helicópteros para evacuar a más de 750 personas expuestas a la violencia del ELN.
El gobierno también anunció varias medidas nuevas de desarrollo local. Entre ellas, un programa para dar dinero a los campesinos que prometan sustituir sus cultivos de coca por alimentos y otras fuentes legales de ingresos.
Suena alentador, pero si la historia reciente nos sirve de ejemplo, no está exento de riesgos.
El gobierno colombiano lleva mucho tiempo en conversaciones con el Frente 33, y mucho antes de que se reanudaran los combates este año, las partes habían acordado un alto el fuego y planes de desarrollo local. El acuerdo consistía en que el Frente 33, el gobierno y las comunidades locales llevarían a cabo esos planes.
Sin embargo, como describen los entrevistados en el nuevo informe, los civiles que ayudaban en estas iniciativas de desarrollo local corrían un alto riesgo de sufrir ataques del ELN.
Los nuevos planes de desarrollo para la región deben evitar la creación de estos estímulos nocivos.
En términos más generales, el gobierno debe poner en marcha urgentemente una política de justicia y seguridad para proteger a los residentes de los grupos armados y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo. De lo contrario, los ciudadanos de a pie seguirán siendo los más afectados.
