- Las leyes que prohíben la atención de reafirmación de género a jóvenes transgénero en Estados Unidos están causando daños graves a esas personas y a sus familias, así como a los sistemas de atención de la salud y a la sociedad civil.
- En la administración Trump, las familias están siendo llevadas al borde del abismo, al verse obligadas a sortear obstáculos imposibles para la atención, al tiempo que el gobierno federal intensifica la embestida a los derechos de las personas transgénero.
- Estados Unidos tiene obligaciones jurídicas internacionales de proteger los derechos de las personas jóvenes transgénero. Las legislaturas deberían dejar sin efecto estas prohibiciones, asegurar el acceso a la atención y proteger a jóvenes transgénero y sus familias.
(Nueva York) – Las leyes que prohíben la atención de reafirmación de género a jóvenes transgénero en Estados Unidos están causando daños graves a esas personas y a sus familias, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Desde 2021, veinticinco estados han promulgado prohibiciones radicales contra esta atención médica basada en las mejores prácticas, que han reemplazado los tratamientos graduales fundados en evidencias con restricciones categóricas que responden a motivaciones políticas.
El informe de 98 páginas, “‘They’re Ruining People’s Lives’: Bans on Gender-Affirming Care for Transgender Youth in the US” (“‘Están arruinando la vida de las personas’: Prohibiciones a la atención de reafirmación de género para jóvenes transgénero en Estados Unidos”), documenta las consecuencias devastadoras de estas prohibiciones para las personas jóvenes transgénero, como de la ansiedad, la depresión y, en siete casos informados, intentos de suicidio. Human Rights Watch concluyó que estas leyes contribuyen a generar un clima cada vez más hostil contra las personas trans, y obligan a jóvenes a ocultar su identidad y aislarse socialmente. Las prohibiciones también desestabilizan los sistemas de atención de la salud y menoscaban a la sociedad civil, además de generar dificultades geográficas y económicas para obtener servicios. El impacto se ha agudizado desde principios de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump emitió una serie de acciones ejecutivas que intensificaron los ataques del gobierno federal contra los derechos de las personas transgénero.
“Los funcionarios estadounidenses han quitado a jóvenes transgénero la posibilidad de obtener atención esencial beneficiosa para la vida y, en vez de esto, exponen a estas personas como blanco de una guerra cultural”, manifestó Yasemin Smallens, oficial de la división de derechos de las personas LGBT. “Las familias están siendo llevadas al límite y se ven obligadas a sortear obstáculos imposibles para la atención, al tiempo que el gobierno federal intensifica el ataque a los derechos de las personas transgénero”.
Human Rights Watch entrevistó a 51 personas en 19 estados que se han visto afectadas por estas prohibiciones legislativas, como jóvenes transgénero, padres, madres, proveedores de atención sanitaria y defensores y defensoras. Human Rights Watch también consultó a 32 organizadores de derechos LGBT y realizó una ronda adicional de entrevistas con posterioridad a la asunción del presidente Trump, para documentar el impacto de las nuevas políticas establecidas por su gobierno.
Más de 100.000 jóvenes transgénero viven en estados donde hay prohibiciones legislativas a la atención de reafirmación de género para las personas jóvenes. Seis estados establecen que proveer esta atención constituye un delito grave, y ocho leyes estatales incluyen disposiciones imprecisas de “complicidad”, que podrían penalizar a proveedores por hacer derivaciones o emitir recetas. La administración Trump ha intentado restringir el acceso a través de una orden ejecutiva del 28 de enero, que si bien no se ha aplicado íntegramente, ya ha provocado que algunas clínicas interrumpan servicios en estados donde la atención sigue siendo lícita. La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando el caso Skrmetti v. United States, en el que se impugna la prohibición de Tennessee, y se prevé que la decisión se emita en junio.
Las familias afectadas por prohibiciones dijeron que sus hijos perdieron el acceso a la atención de la salud con poco o ningún aviso previo y, a menudo, sin que se les ofrecieran otras opciones. Once familias señalaron que tuvieron que viajar fuera del estado para consultar a profesionales médicos u obtener recetas. Varias personas jóvenes indicaron que no pudieron comenzar a recibir atención debido a barreras legales que se combinaban con obstáculos geográficos y económicos. Una familia se mudó a otro estado.
“Quiero que [los legisladores] sepan que están arruinando la vida de las personas”, expresó una mujer trans de 18 años cuya atención fue interrumpida por una prohibición estatal. Las personas jóvenes que han conservado el acceso a la atención recalcaron que el clima legal y político hostil exacerbó su estado de ansiedad, depresión y aislamiento.
Las prohibiciones estatales han obligado a muchos proveedores de atención médica a cancelar o reducir los servicios que brindan. Las personas entrevistadas informaron sobre casos en los que proveedores o instituciones dejaron de prestar servicios en mayor medida de lo que podría haberse exigido legalmente. Las prohibiciones estatales han tenido un efecto dominó negativo en los sistemas de atención de la salud, concluyó Human Rights Watch, y diversos proveedores en los estados donde rigen prohibiciones mencionaron dificultades para conservar a los proveedores existentes y reclutar a nuevos profesionales médicos.
Todos los proveedores de atención de la salud a quienes se entrevistó dijeron que habían experimentado acoso dirigido específicamente a las personas trans. Estos proveedores comentaron que sus instituciones han incrementado el presupuesto destinado a seguridad, y que para ello desviaron fondos que podrían usarse para atender a pacientes. Diversas organizaciones de la sociedad civil informaron que enfrentaban amenazas similares, junto con el costo cada vez mayor de las medidas de seguridad.
En Texas, diversas personas afectadas se refirieron a la focalización extrema del estado contra las personas transgénero, lo que incluye una directiva de 2022 que clasificó algunas formas de la atención de reafirmación de género dirigidas a jóvenes como “abuso infantil”. Como consecuencia de esto, algunas familias informaron que directamente evitaban las interacciones de salud para proteger a sus hijos e hijas, cuya identidad transgénero, de ser revelada, podría dar lugar a investigaciones por abuso infantil. En abril de 2025, el presidente Trump emitió una proclama en la que se indicó que los padres y las madres que afirmen la identidad de género de sus hijos incurren en abuso.
“La gente tiene miedo de perder a sus hijos e hijas”, explicó un defensor. “No hace falta legislar si se asusta tanto a las personas para que ellas mismas se repriman”.
En Estados Unidos, las y los jóvenes transgénero con frecuencia se someten a meses o años de evaluación integral antes de que se inicie cualquier intervención médica. Organizaciones médicas importantes, como la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, apoyan el acceso a esta atención basada en evidencias y acorde al desarrollo.
“La retórica que se emplea en estas sesiones legislativas sugiere que uno simplemente entra y le dan hormonas y bloqueadores”, comentó un padre. “Y no fue así en absoluto. Durante al menos el primer año, no se emitió ninguna receta. [Los médicos] dijeron: ‘Estamos aquí para escucharte y actuar en función de lo que creas que son tus necesidades’. Como padre, fue algo increíble. Te tranquiliza… Es un proceso lento y metódico”.
Estados Unidos tiene obligaciones jurídicas internacionales de proteger los derechos de las personas jóvenes transgénero, incluido el acceso a la atención de reafirmación de género, como parte de su obligación de garantizar los derechos a la salud, la no discriminación, la integridad familiar y la autonomía personal.
“Estas leyes están destrozando vidas, empujan a jóvenes a crisis, obligan a las familias a desarraigarse y alimentan la hostilidad antitrans”, explicó Smallens. “Las legislaturas deberían derogar estas prohibiciones, asegurar el acceso a la atención y proteger a jóvenes transgénero y a sus familias para que puedan vivir con seguridad y dignidad”.
